Preguntas frecuentes sobre nuestros servicios jurídicos

Puede agendar una consulta jurídica presencial en Bogotá D. C. o solicitar una reunión virtual desde cualquier ciudad de Colombia. Antes de confirmar la cita, le informaremos el valor de la consulta, la duración estimada y los documentos que debe remitir para realizar una primera evaluación del caso.

Agendar una consulta jurídica →

Sí. La consulta inicial es un servicio profesional remunerado que comprende la revisión preliminar de la información suministrada, la identificación del problema jurídico y la explicación de las alternativas iniciales.

El valor depende de la duración de la reunión, la complejidad del asunto y la cantidad de documentos que deban revisarse. El costo se informa antes de confirmar la cita.

Durante la consulta jurídica escuchamos los antecedentes, revisamos los documentos disponibles, identificamos los asuntos jurídicos relevantes y explicamos las posibles alternativas.

Según las características del caso, también podemos señalar:

• Los documentos o pruebas que hacen falta.
• Los términos que deben tenerse en cuenta.
• Las autoridades o jueces competentes.
• Los riesgos jurídicos y económicos.
• Los posibles mecanismos de negociación, conciliación o litigio.
• La posibilidad de que la firma asuma la representación.

La consulta constituye una evaluación inicial y no equivale, por sí sola, a la aceptación del caso.

Los documentos dependen del tipo de asunto. Pueden incluir contratos, escrituras públicas, certificados de tradición, comunicaciones, decisiones administrativas, expedientes, historias clínicas, registros civiles, comprobantes de pago o providencias judiciales.

Cuando solicite la consulta, le indicaremos cuáles son los soportes iniciales necesarios. Enviar la documentación con anticipación permite aprovechar mejor el espacio de asesoría.

Sí. Prestamos consultas jurídicas virtuales para clientes ubicados en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. La reunión puede realizarse por videollamada y los documentos pueden remitirse previamente por medios electrónicos.

Cuando el asunto requiera una diligencia presencial, revisaremos su ubicación y las condiciones necesarias para asumir la representación.

Sí. La firma tiene sede en Bogotá D. C. y presta asesoría jurídica y representación en diferentes regiones de Colombia, de acuerdo con la naturaleza del caso y las actuaciones requeridas.

La atención puede combinar reuniones virtuales, revisión electrónica de documentos y, cuando resulte necesario, actuaciones presenciales.

Los honorarios se determinan según el tipo de servicio, la complejidad jurídica, el volumen de documentos, el tiempo requerido, la duración probable del trámite y las actuaciones que deban adelantarse.

La firma puede ofrecer honorarios por consulta, elaboración de documentos, acompañamiento por etapas o representación integral. En algunos asuntos puede acordarse un componente de éxito, siempre acompañado de una remuneración fija y sin que ello constituya una garantía de resultado.

Antes de comenzar, el cliente recibe una propuesta que explica el alcance del servicio, los honorarios, la forma de pago y los gastos previsibles.

No. El resultado de un trámite administrativo o judicial depende de las pruebas, la interpretación de las autoridades, la actuación de la contraparte y otras circunstancias que no están bajo el control del abogado.

Nuestro compromiso consiste en estudiar el caso con rigor, explicar sus posibilidades y riesgos, diseñar una estrategia responsable y mantener informado al cliente durante el trámite.

La viabilidad solo puede determinarse después de conocer los hechos y revisar los documentos relevantes. Durante la evaluación analizamos si existe una pretensión jurídicamente sustentable, si hay pruebas suficientes, si los términos continúan vigentes y si la acción propuesta ofrece una utilidad práctica razonable.

Cuando consideramos que un proceso no es viable o que sus riesgos son desproporcionados, lo explicamos con franqueza y evaluamos otras alternativas.

Un abogado de derecho inmobiliario asesora y representa a propietarios, compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios, constructores, administradores y copropietarios en negocios y controversias relacionadas con bienes inmuebles.

En Escobar Abogados & Asociados atendemos, entre otros, los siguientes asuntos:

• Contratos de compraventa y promesas de compraventa.
• Contratos de arrendamiento.
• Incumplimiento en la entrega de inmuebles.
• Restitución de inmuebles arrendados.
• Estudios de títulos y tradición.
• Procesos de pertenencia, reivindicación y posesión.
• Procesos divisorios.
• Conflictos en propiedad horizontal.
• Controversias entre propietarios y constructoras.
• Saneamiento jurídico de inmuebles.

Conocer nuestros servicios de derecho inmobiliario →

La promesa de compraventa establece obligaciones relacionadas con el precio, la forma de pago, la entrega del inmueble, la escrituración, las sanciones por incumplimiento y las condiciones necesarias para celebrar el negocio definitivo.

Una revisión jurídica previa permite identificar cláusulas ambiguas, problemas en la tradición del inmueble, obligaciones desproporcionadas y riesgos que podrían dificultar la compra, la venta o la devolución del dinero.

El propietario debe revisar el contrato, la causal de terminación, las comunicaciones enviadas y el cumplimiento de los requisitos legales. Según el caso, puede intentarse una entrega voluntaria, una conciliación o un proceso de restitución de inmueble arrendado.

Antes de iniciar una demanda es importante verificar la identidad de las partes, el inmueble objeto del contrato, los pagos pendientes y las pruebas del incumplimiento.

Sí. Asesoramos a propietarios, residentes, administradores y órganos de administración en controversias relacionadas con asambleas, cuotas de administración, reglamentos de propiedad horizontal, uso de bienes comunes, sanciones, decisiones de la copropiedad y convivencia.

Cada situación debe analizarse a partir del reglamento, las actas, las comunicaciones y las normas aplicables.

Es recomendable consultar a un abogado cuando fallece una persona que dejó bienes, deudas, derechos económicos o posibles herederos. El abogado puede identificar quiénes tienen vocación hereditaria, determinar qué bienes integran la herencia y establecer si el trámite puede adelantarse ante notaría o debe presentarse ante un juez.

La asesoría es especialmente importante cuando existen desacuerdos familiares, bienes sin registrar, testamentos, uniones maritales de hecho, menores de edad, herederos en el exterior o dudas sobre la propiedad de los bienes.

Consultar un abogado de sucesiones →

La sucesión notarial generalmente requiere acuerdo entre los interesados y el cumplimiento de los requisitos legales. La sucesión judicial puede ser necesaria cuando existe controversia entre los herederos, no hay acuerdo sobre la distribución del patrimonio o se presentan circunstancias que requieren la intervención de un juez.

Para determinar la vía adecuada deben revisarse los registros civiles, los bienes, las obligaciones pendientes y la posición de cada interesado.

Aunque los requisitos varían, normalmente se requieren el registro civil de defunción, los registros civiles que acrediten el parentesco, los documentos de identidad, los certificados de propiedad de los bienes, la información sobre deudas y, cuando exista, el testamento.

Antes de iniciar el trámite elaboramos una lista de documentos adaptada a la composición familiar y patrimonial del caso.

Cuando no existe acuerdo sobre la administración, valoración o distribución de la herencia, puede ser necesario acudir a una sucesión judicial. También pueden explorarse mecanismos de negociación o conciliación para evitar que el conflicto se prolongue.

El abogado debe identificar los bienes, los derechos de cada interesado y los puntos concretos de desacuerdo antes de recomendar una estrategia.

La existencia de derechos puede depender de la acreditación de la unión marital de hecho, la sociedad patrimonial, el tiempo de convivencia y otras circunstancias familiares y patrimoniales.

Por esa razón, es necesario revisar el caso concreto, los registros civiles, la titularidad de los bienes y las pruebas de la convivencia.

Un abogado de derecho administrativo asesora y representa a personas, servidores públicos, contratistas y empresas en sus relaciones y controversias con entidades estatales.

Nuestros servicios de derecho administrativo incluyen:

• Procedimientos administrativos.
• Recursos contra actos administrativos.
• Revocatoria directa.
• Procedimientos administrativos sancionatorios.
• Responsabilidad patrimonial del Estado.
• Reparación directa.
• Nulidad y restablecimiento del derecho.
• Controversias contractuales con entidades públicas.
• Conciliaciones prejudiciales.
• Medidas cautelares.
• Acciones de cumplimiento.
• Defensa frente a autoridades de inspección, vigilancia y control.

Conocer nuestros servicios de derecho administrativo →

Una entidad pública puede ser demandada cuando una actuación, omisión, operación administrativa, contrato o acto administrativo produce una afectación que puede ser discutida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La acción procedente, los requisitos previos y el término para presentarla dependen de las circunstancias. Por eso, es importante consultar oportunamente y conservar las decisiones, comunicaciones y pruebas relacionadas con el caso.

Es necesario revisar el contenido de la decisión, la fecha de notificación, los recursos disponibles y el término para presentarlos. Dependiendo del asunto, puede proceder un recurso administrativo, una solicitud de revocatoria directa, una conciliación o una demanda judicial.

No todas las decisiones tienen los mismos mecanismos de defensa. La evaluación debe realizarse antes de que venzan los términos.

Sí. Estudiamos casos en los que una acción u omisión estatal pudo ocasionar un daño, incluidos asuntos relacionados con fallas en la prestación de servicios, actuaciones de autoridades, daños causados por obras públicas y otras formas de responsabilidad patrimonial.

La procedencia de una reclamación depende de la acreditación del daño, la relación con la actuación estatal, las pruebas disponibles y el cumplimiento de los requisitos procesales.

Es recomendable solicitar asesoría desde la primera citación, requerimiento, notificación o conocimiento de una actuación disciplinaria. La intervención temprana permite revisar la competencia de la autoridad, comprender los hechos investigados, solicitar pruebas oportunamente y preparar una estrategia de defensa.

Esperar hasta la formulación de cargos o la imposición de una sanción puede limitar algunas posibilidades de actuación.

Solicitar defensa en un proceso disciplinario →

Brindamos asesoría y representación a servidores y exservidores públicos, contratistas, particulares que ejercen funciones públicas y profesionales sometidos a regímenes disciplinarios especiales.

La defensa se adapta al cargo desempeñado, las funciones asignadas, la conducta investigada, las pruebas recaudadas y el procedimiento aplicable.

El abogado estudia el expediente, verifica el respeto del debido proceso, analiza la conducta investigada, solicita y controvierte pruebas, presenta descargos y alegatos, interviene en audiencias y formula los recursos procedentes.

También puede evaluar nulidades, causales de exclusión de responsabilidad, problemas de competencia y la posibilidad de ejercer control judicial sobre una sanción.

No. La apertura de una actuación disciplinaria no implica que exista responsabilidad. La autoridad debe respetar el debido proceso, valorar las pruebas y demostrar los elementos necesarios para imponer una sanción.

Cada investigación debe examinarse según los hechos, las funciones de la persona investigada y las pruebas incorporadas al expediente.

En determinadas circunstancias, una sanción disciplinaria puede ser controvertida mediante los recursos previstos dentro del procedimiento y, posteriormente, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La estrategia depende de la autoridad que impuso la sanción, el procedimiento aplicado, las irregularidades identificadas y los términos vigentes.

Un resultado negativo o una complicación no demuestran, por sí solos, la existencia de responsabilidad médica. Es necesario revisar la historia clínica, los procedimientos realizados, la información suministrada al paciente, los protocolos aplicables y la relación entre la atención recibida y el daño alegado.

En algunos casos se requiere el apoyo de un profesional médico o perito para establecer si la atención se apartó de los estándares exigibles.

Solicitar una evaluación de responsabilidad médica →

El documento principal suele ser la historia clínica completa. También pueden ser relevantes los consentimientos informados, resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas, fórmulas, incapacidades, facturas, comunicaciones con la institución y valoraciones médicas posteriores.

Con estos documentos puede realizarse una evaluación jurídica y determinar si se requiere un concepto técnico adicional.

La acción de tutela busca la protección inmediata de derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por una autoridad pública o, en ciertos casos, por un particular.

Su procedencia depende, entre otros factores, de la existencia de otros medios de defensa, la urgencia de la protección, el tiempo transcurrido y las circunstancias de la persona afectada. Por esta razón, cada caso debe analizarse individualmente.

Consultar la procedencia de una acción de tutela →

La tutela puede utilizarse para solicitar la protección de derechos fundamentales como la salud, el debido proceso, la igualdad, la educación, la seguridad social, el mínimo vital, el derecho de petición y el acceso a la información.

La posibilidad de obtener protección depende de los hechos, las pruebas y los requisitos de procedencia aplicables al caso.

Por regla general, la tutela no sustituye los procedimientos administrativos o judiciales ordinarios. Sin embargo, puede resultar procedente cuando no existe otro mecanismo eficaz o cuando se requiere evitar una afectación grave e inminente.

Antes de presentarla es necesario verificar cuáles mecanismos existen, si fueron utilizados y por qué no serían suficientes para proteger los derechos comprometidos.

Sí. Estudiamos acciones de tutela relacionadas con decisiones judiciales. Estos asuntos tienen requisitos estrictos y requieren una revisión cuidadosa del expediente, los recursos utilizados, las presuntas irregularidades y la relevancia constitucional del problema.

La inconformidad con una decisión judicial no es suficiente, por sí sola, para que proceda la tutela.

Sí. Estudiamos expedientes de tutela para determinar si existen razones constitucionales que puedan sustentar una solicitud de selección o insistencia ante la Corte Constitucional.

La presentación de una solicitud no garantiza que el expediente sea seleccionado. El análisis debe concentrarse en la relevancia constitucional del caso y no únicamente en el desacuerdo con las decisiones de instancia.