Servicio
Recursos contra actos administrativos, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y defensa en procesos sancionatorios.
Las relaciones con el Estado están sujetas a procedimientos, términos y formalidades cuyo incumplimiento suele tener consecuencias definitivas. Un recurso presentado fuera de plazo, una notificación mal contabilizada o una actuación que no agotó la vía administrativa pueden cerrar de forma irreversible la posibilidad de discutir una decisión, por más fundada que estuviera la inconformidad. Por eso, en materia administrativa la oportunidad de la asesoría pesa tanto como su calidad.
Asesoramos y representamos a personas, servidores públicos, contratistas y empresas en sus relaciones y controversias con entidades estatales, tanto en sede administrativa como ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nuestra labor comprende la revisión del contenido de la decisión, la verificación de la fecha de notificación, la identificación de los recursos disponibles y de los términos para presentarlos, y la definición de la vía procedente en cada caso.
Cuando una actuación, omisión, operación administrativa, contrato o acto administrativo produce una afectación, evaluamos la acción procedente, los requisitos previos y el término aplicable. Por esa razón insistimos en consultar oportunamente y conservar todas las decisiones, comunicaciones y pruebas relacionadas con el caso: la evaluación debe realizarse antes de que venzan los términos, no después.
Servicios
Preparamos y sustentamos los recursos de reposición, apelación y queja frente a decisiones de entidades públicas, con revisión previa de la notificación, del término aplicable y de los cargos que conviene formular.
Estructuramos solicitudes de revocatoria directa cuando el acto es manifiestamente contrario a la Constitución o a la ley, no está conforme con el interés público o causa agravio injustificado, evaluando previamente su procedencia y sus límites.
Representamos en la demanda de actos administrativos particulares que lesionan un derecho, con la pretensión de que se declare su nulidad y se restablezca la situación del afectado o se repare el daño causado.
Estudiamos casos en los que una acción u omisión estatal pudo ocasionar un daño, incluidos asuntos relacionados con fallas en la prestación de servicios, actuaciones de autoridades y daños causados por obras públicas. La procedencia depende de la acreditación del daño, su relación con la actuación estatal, las pruebas disponibles y el cumplimiento de los requisitos procesales.
Ejercemos la defensa en actuaciones sancionatorias adelantadas por autoridades administrativas, desde la formulación de cargos hasta los recursos, con especial atención al debido proceso, a la tipicidad de la conducta y a la proporcionalidad de la sanción.
Asesoramos a contratistas del Estado en la ejecución, liquidación y controversias de contratos estatales, incluyendo reclamaciones por mayor permanencia, desequilibrio económico e incumplimientos de la entidad.
Preparamos y representamos en la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, requisito de procedibilidad en la mayoría de asuntos contencioso administrativos, con formulación técnica de la fórmula de arreglo.
Solicitamos la suspensión provisional de actos administrativos y demás medidas cautelares cuando la ejecución de la decisión puede causar un perjuicio que no admita reparación posterior.
Promovemos acciones de cumplimiento para obtener la efectividad de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos que imponen deberes claros, expresos y exigibles a las autoridades, previa verificación de la renuencia.
Acompañamos en requerimientos, visitas e investigaciones adelantadas por superintendencias y demás autoridades de control, con preparación de respuestas y estrategia de defensa desde la primera actuación.
Preguntas frecuentes
Una entidad pública puede ser demandada cuando una actuación, omisión, operación administrativa, contrato o acto administrativo produce una afectación que puede ser discutida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La acción procedente, los requisitos previos y el término para presentarla dependen de las circunstancias. Por eso, es importante consultar oportunamente y conservar las decisiones, comunicaciones y pruebas relacionadas con el caso.
Es necesario revisar el contenido de la decisión, la fecha de notificación, los recursos disponibles y el término para presentarlos. Dependiendo del asunto, puede proceder un recurso administrativo, una solicitud de revocatoria directa, una conciliación o una demanda judicial.
No todas las decisiones tienen los mismos mecanismos de defensa. La evaluación debe realizarse antes de que venzan los términos.
Sí. Estudiamos casos en los que una acción u omisión estatal pudo ocasionar un daño, incluidos asuntos relacionados con fallas en la prestación de servicios, actuaciones de autoridades, daños causados por obras públicas y otras formas de responsabilidad patrimonial.
La procedencia de una reclamación depende de la acreditación del daño, la relación con la actuación estatal, las pruebas disponibles y el cumplimiento de los requisitos procesales.
Siguiente paso
Escríbanos con un resumen de su situación. Estudiamos la viabilidad y le decimos con franqueza qué es posible antes de comprometer una estrategia.
